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En un estado en forma, donde el sentido profundo del derecho y de la equidad preside el juicio y la conducta del legislador y de los gobernados, no existiría ninguna razón directa y actual para referirse al problema anormal y doloroso de la resistencia eventual a las leyes injustas y abusivas. Desgraciadamente, pueblos (como el nuestro) hay en la hora actual, donde no existe la sabiduría política y el respeto al derecho que debe ser el fundamento de toda legislación. Las leyes en dichos pueblos, contravienen manifiestamente la justicia distributiva, la concordia cívica, el respeto a la conciencia, que son los principios en que debe inspirarse el legislador, tan deseoso del bien público y de la paz social. (Parece ser un chiste, pero así es). Sucede que un partido puede apoderarse del poder publico e introducir en las leyes del estado, disposiciones abusivas e injustas, destinadas a arruinar, en las costumbres y en las almas, las libertades, las creencias, las influencias que desean combatir y destruir. La ley del estado cesa entonces de perseguir el bien común y pasa a ser instrumento de persecución por el cual las pasiones de los unos atentan contra los derechos y las libertades de los otros.
La ley es, pues un precepto de razón, dictado para el bien común por aquel que dispone de la autoridad legitima. Desde el momento en que deja de ser un precepto de razón, pierde su naturaleza propia y deja de obligar. La prudencia y el temor a un mal mayor para la sociedad pueden aconsejar a los individuos obedecer a una ley que no obliga. Pero si semejante ley ordenase formalmente actos u omisiones contrarios, ya a la ley natural, ya a la ley positiva, “entonces todos deben obedecer a su sentido común, a la lógica, y no a la ley de los hombres”.¿Qué actitud debemos asumir, en conciencia, en presencia de una ley manifiestamente abusiva e injusta?
Me parece que la única actitud que corresponde será la “Resistencia Pasiva”; en otros términos, el rechazo de la ley y el negarse a cumplir las prestaciones que ella pretende imponer. Esa actitud practicada de una manera inteligente por un número apreciable de individuos o de colectividades pueden hacer las leyes injustas de muy difícil aplicación. Claro, en principio, muchos deberán pagar el costo de esta resistencia, pero a mediano plazo, puede que valga la pena.Teniendo una fe absoluta en la sabiduría de la voluntad general, los revolucionarios de 1789 creyeron que toda manifestación de la soberanía del pueblo, era no solamente legal, sino también razonable. Establecieron las garantías individuales, síntesis legal de los derechos del hombre y pensaron que esas garantías estaban suficientemente aseguradas en la separación de los poderes, en los principios de la soberanía popular y sobre todo en el principio de la legalidad. Pero el principio de legalidad no puede ser considerado como la única garantía de las libertades individuales, pues, si resguarda al individuo contra las arbitrariedades del poder ejecutivo, se deja a los ciudadanos sin defensa ante arbitrariedades del legislador, que puede ser culpable de promulgar una ley contraria al principio de la libertad individual o a los principios de la justicia proclamados por los pueblos civilizados.
Por lo anterior, es que el control de la constitucionalidad de las leyes se considera una garantía indispensable de las libertades ciudadanas.Me parece que el poder de anular una ley inconstitucional es un deber más que un poder, deber, que incumbe a la más humilde corte de estado, cuando se le somete a su conocimiento una manifiesta arbitrariedad.
Con todo, no pretendo hacer un llamado a resistirse a las leyes, no pretendo ser un revolucionario ni mucho menos, sino que, solamente me parece lógico el sentir de muchos, en cuanto a las diversas arbitrariedades consignadas en nuestro ordenamiento jurídico. Ejemplos, se podrían señalar por montones, pero este no es el objetivo de mis palabras en esta oportunidad.Gracias.
Juan Pablo.
Y quièn dijo que la ley era justa??