El Gobierno cumplió su promesa de enviar el proyecto de ley que crea nuevas corporaciones de giro único que, en la práctica, eliminarán la dependencia municipal de las instituciones educativas públicas. Dichas nuevas corporaciones dependerán de otro organismo, que también hay que crear, que por el momento ha sido llamado Servicio Nacional de Educación.
Esta iniciativa, que pretende constituirse en una reforma completa a nuestra educación no cumple, en mi opinión, con la tarea de solucionar las causas reales por las cuales nuestra educación pública está empantanada. Es cierto que diferentes sectores han criticado la gestión que los municipios han hecho en educación y es innegable que las cosas podrían haberse hecho de mejor manera, sin embargo, no podemos cerrarnos a hechos que escapan a la gestión municipal y que han provocado serio daño a nuestra educación pública, entre ellos:

a) La existencia del Estatuto Docente: verdadera trampa que crea por una parte la idea de una necesaria estabilidad laboral de los docentes, pero que en la práctica sólo ha servido para impedir que las instituciones educativas públicas puedan modificar sus equipos docentes (tanto de aulas como directivos) de acuerdo al mérito de los resultados y las evaluaciones. El Estatuto Docente ha cubierto con un manto al magisterio chileno ocultando y poniéndole techo a los docentes creativos e innovadores y disimulando a todos quienes ejercen la profesión sin las motivaciones o rendimientos aceptables para que su trabajo se constituya en un aporte para sus estudiantes y para el sistema.
b) La todavía escasamente significativa evaluación docente que sigue teniendo poco impacto, tanto en lo motivacional (sus incentivos no son, por varias razones, demasiado atractivos por innumerables incumplimientos, olvidos, trabas y un largo etcétera, a los profesores públicos de excelencia), como en lo relativo a ser fuente de información para corregir los errores que se van detectando en los diversos ámbitos del complejo tema educativo.
c) La inexistente evaluación a los directivos docentes y un amplio llamado a concursos públicos para proveer los cargos directivos en las instituciones educativas. Diversas trabas administrativas y financieras impiden lo que, sólo en teoría, puede hacerse.
d) La endémica falta de recursos de los directivos encargados de las unidades educacionales, quienes no tienen presupuestos para administrar y no cuentan, por lo tanto, con la libertad de racionalizar y focalizar los recursos hacia aquellos ámbitos que perciben como deficitarios. Los municipios, al ser los sostenedores, reciben los dineros y los distribuyen de acuerdo a su criterio e iniciativa.
e) Los planes y programas de estudios, absolutamente descontextualizados con el mundo moderno, con el impacto de las tecnologías de la información y con las habilidades y competencias que forzosamente deberán desarrollar nuestros actuales alumnos cuando requieran participar del mundo laboral (y con ello ser parte del desarrollo del país). Dicho claramente, desde lo metodológico, lo curricular, lo evaluativo y también desde los contenidos, los programas de estudio están en la mayoría de los casos obsoletos, con una mirada casi decimonónica en pleno siglo XXI.
f) La escasa preparación o motivación de una gran cantidad de funcionarios del Mineduc que tienen directa relación con las escuelas, como quienes se desempeñan en las provinciales de educación o en las seremis, que no suelen tener ni los conocimientos, ni las informaciones necesarias a la hora de servir de guía, ejemplo o vía de solución a las múltiples consultas que les hacen padres y apoderados, por una parte y docentes y directivos docentes, por otra.
g) Baja calidad de la formación docente en las escuelas de pedagogía, especialmente en las instituciones públicas de educación superior, con varias fallas tanto en lo pedagógico, como en lo propio de los conocimientos de sus disciplinas.
Todo lo anotado anteriormente, y otras cosas que omití, han sido dichas muchas veces y han sido causa real del entrampamiento de la educación pública. En casi todos esos aspectos, el municipio casi no tiene responsabilidad y, por lo tanto, creo firmemente que la creación de estas nuevas corporaciones per se, no soluciona el problema, que es mucho más de fondo.
No quiero decir con esto que no apoye la creación de dichas corporaciones, menos aún que esté en contra de ellas, simplemente señalo que su implementación no apunta al centro del problema educativo. Dicho de otro modo, si se persiste en mantener las condiciones enumeradas más arriba, las nuevas corporaciones tenderán a repetir los resultados que actualmente lamentamos, porque esta es una falla sistémica y no meramente administrativa.

Prof. Benedicto González Vargas