La UC quiere adoptar criterios propios de admisión de alumnos. Su proyecto educativo así lo exige. Pero desvincularse de la PSU es romper su compromiso con el Estado de otorgar educación superior sólo en base al mérito. De seguir así, entonces el Estado debería privar a la UC de su financiamiento público y de su cargo en el consejo de rectores.
La Universidad Católica de Chile está en plan de modificar los criterios de admisión de alumnos:
“El rector de la Universidad Católica ha anunciado que ésta cambiaría su sistema de admisión para reconocer otras características de los postulantes, DISTINTAS DEL MERITO ACADÉMICO -solidaridad, potencial de liderazgo, creatividad, vocación de servicio, resiliencia, espíritu emprendedor, entre otras-.”
Es cierto, toda institución educacional –ya sea un colegio, liceo, instituto e incluso universidades como la católica- tienen derecho a definir un proyecto educativo para sí y hacerlo cumplir a conciencia. Esta bien que una universidad se esfuerce por formar alumnos con cierto perfil que refleje los valores de la institución.
...pero cuando hay dineros públicos de por medio las cosas cambian.
Es que ser financiado con fondos del Estado implica asumir un compromiso. El incremento del prestigio -y menos aun el lucro- ya no pueden ser los únicos parámetros que una universidad pública debe tomar en consideración. Se trata de un compromiso con la meritocracia, con la movilidad social y la redistribución del capital cultural. Y elaborar criterios propios de admisión es todo lo contrario.
Estamos de acuerdo en que la PSU es imperfecta, y mucho. Aunque al menos es igual para todos. Pero la elaboración de criterios ad-hoc se presta para discriminaciones aberrantes:
“La UC tiene, por tanto, un desafío que no puede soslayar (…) asegurando que este examen complementario no minará su compromiso con la excelencia académica, NI ABRIRÁ LA PUERTA A UNA SELECCIÓN QUE INCLUYA CRITERIOS AJENOS A LOS UNIVERSITARIOS.”
Todo esto suena especialmente sospechoso proviniendo de la Universidad Católica:
- Es una universidad que sostiene hasta hoy una postura homofóbica (es “contranatura” decía sto.Tomás) y es de esperar que disminuya la entrada de homosexuales. - Es una universidad abiertamente comprometida con un partido político (la UDI financia sus proyectos de investigación mediante Libertad y Desarrollo) y es de esperar que disminuya la entrada de partidarios de izquierdas.
- Es una universidad fanáticamente confesional (cuyos profesores discriminan a aquellos alumnos que no se suman al ritual de orar clase a clase) y es de esperar que disminuyan la entrada de personas abiertamente ateas o -lo que es aun peor para ellos- impedir la entrada de masones.
- Y es una universidad que no garantiza la libertad de cátedra (el profesor Núñez fue invitado cordialmente a no hacer más clases por “positivista, demócrata y liberal”, así tal cual).
Es cierto también que estos criterios de admisión ad-hoc son la tendencia en universidades norteamericanas (aunque en Europa es distinto). Y es que allá las universidades no se entienden a sí mismas como instituciones públicas comprometidas con la movilidad social. Son financiadas privadamente por completo.
... y a la católica de "pública" le queda poco.
En fin, pareciera ingenuo pretender evitar que la UC implante esta medida. Pero aun así -y en eso estoy de acuerdo con Jorge "Coke" Navarro- la FECH debe tomar postura. Si la católica pretende romper el compromiso con la meritocracia, entonces que se privatize por completo:
a) SE LE PRIVE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO y
b) RENUNCIE A SU CARGO EN EL CONSEJO DE RECTORES.


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Es una Universidad Confesional
muy comprometida con su credo religioso, con valores muy potentes, lamentablemente orientados a perpetuar la cultura dogmática, autoritaria, defensora de una única manera de ver las cosas, intolerante con las minorias de cualquier tipo que sean, con el desarrollo y expresión de la diversidad, características todas contrarias a la sociedad que Chile necesita y que la inmensa mayoría quiere.
Bien mirado, la Promoción de Credos Religiosos no debería tener ningún apoyo del Estado.