Salud, compañeros(as) de un mismo ideal.

En mi Post Y ¿Dónde está la Implantación Progresiva de le Enseñanza Superior Gratuita?, publicado el año 2004, hacía ver la frivolidad con que Chile suscribe tratados, los ratifica, los mantiene decenas de años sin promulgarlos, y una vez promulgados, y ordenados cumplir como Ley de la República, simplemente no se cumplen ni se hacen cumplir.

Otro ejemplo es el que permitió la creación de la CIDH, que ya ha condenado a nuestro país en más de 7 oportunidades (después de la dictadura), cuyos fallos tampoco se cumplen, entre otros, el que ordena derogar el DL 2191, de autoamnistía.

El Tratado que Chile suscribió, y ratificó, que crea la Corte Penal Internacional, aún está pendiente, porque requiere una reforma Constitucional previa, a la cual ni este gobierno ni el anterior le han dado trámite de urgencia.

La Alianza ha dilatado su votación, pidiendo informe sobre los efectos que tendrían, en Chile, las represalias de Estados Unidos por suscribirlo.

Los yanquis exigen tratados bilaterales que consagren la impunidad para sus soldados y marines, y los países que no estén de acuerdo se arriesgan a las penas del infierno.

Recientemente, a raíz del paro del SRCI, vimo al Ministro de Justicia pontificar sobre la ilegalidad del movimiento de los funcionarios y las sanciones "legales" a que estaban afectos. 

Olvidó el Sr.l Ministro que las obligaciones "legales" no sólo afectan a los funcionarios, sino también a las autoridades.

En esta oportunidad quiero referirme a 2 Convenios OIT: el 87 y el 98.

Nuestro país participa en las conferencias de la OIT con 4 delegados, 2 en reresentación de los trabajadores, uno de los empresarios, y uno del gobierno.

Las votaciones son personales,y no en bloques de países, pero los acuerdos que se adopten siguen el mismo trámite, y tienen el mismo valor que los tratados internacionales, que, además en nuestro país, a contar de la última reforma al artículo 5° de la CPE, tienen rango constitucional.

El Convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, es del año 1948, y entró en vigencia el 4 de Julio de 1950.

El Convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, es del año 1949, y entró en vigencia el 18 de Julio de 1951.

Chile se demoró un "poquito" en promulgarlos y ordenarlos cumplir como ley de la república.

Ello sucedió, en el caso de ambos convenios, el 1° de Febrero de 1999.

Según ambos convenios, que ahora sí que son obligatorios, y tienen rango constitucional, los empleados públicos (excepto fuerzas armadas y pioliciales) tienen derecho a "sindicalizarse" y a "negociación colectiva".

Han pasado más de 9 años desde que se promulgaron y ordenaron cumplir como Ley de la República.

¿Conocen ustedes la existencia de algún "Sindicato" de empleados públicos?

¿Pueden los empleados públicos, en Chile, declararse en huelga "legal", como el resto de los trabajadores?

Quiero citar una de las frases para el bronce del ex Presidente Lagos: ¡ Pongámonos serios !

Unos en la idea, muchos(as) en la acción.

CICERONE