No conozco sistema político que sea mejor a la democracia representativa.

Con todo, el sistema tiene falencias inexplicables.

El derecho de participación universal, consagra el acceso de todos, con algunas limitaciones menores, a los cargos de elección popular.

Tal derecho, muy bien intencionado, permite que algunos personajes, sin preparación ni criterio alguno, obtengan el derecho y el poder para administrar enormes recursos públicos y además fijar políticas de administración en salud, educación y ornato.

Me parece bueno diferenciar tales derechos.

El derecho a la representación popular no debería discutirse. Todo ciudadano tiene el derecho inalienable a expresar su opinión para participar en el debate público e incluso legislativo.

Otra cosa, muy distinta, es cuando se tiene entre manos la administración de recursos públicos. Se necesitan conocimientos técnicos básicos.

No es bueno que un personaje administre tales recursos cuando ni siquiera está capacitado para administrar los recursos hogareños, por decirlo de alguna manera.

Quienes tienen vocación de servicio público, deberían tener la obligación de manifestarlo previamente, junto con lo cual debieran prepararse y evaluarse para el cometido que pretenden. Al menos con respecto a los Srs. Alcaldes, dueños y señores de los municipios.

Nuestro país no puede darse el lujo de seguir dilapidando recursos y manteniendo sujetos torpes y mal intencionados en cargos de tanta relevancia.

El caso de los Srs. Alcaldes con cuarto medio en cuarenta y ocho horas avala mis afirmaciones.