Con entusiasmo leí hoy que un grupo de senadores de la Alianza presentó un proyecto de reforma constitucional para aumentar los recursos de las regiones. ¿Cómo? estableciendo, por ley, que el 1% del PIB vaya al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, que es el mecanismo a través del cual se entrega recursos a los municipios más pobres, y lo más importante, que el 70% de esos recursos sean de libre disposición de los gobiernos regionales. Una buena noticia, sin duda, que abre caminos, pues tan importante como allegar más recursos a las regiones es que las autoridades locales puedan disponer libremente de ellos, según las necesidades y prioridades de cada zona. Hoy, si bien ha aumentado el aporte del Fndr a las regiones, gran parte de estos fondos ya vienen focalizados desde Santiago y el consejo regional se limita a aprobar esas propuestas, pero con muy poco poder de decisión. Admito que la mayoría de las veces no estoy de acuerdo con las propuestas de la Alianza. De hecho, no comparto para nada su postura frente a la ley de subcontratación o las necesarias reformas al sistema electoral binominal. Pero, cuando uno escucha múltiples discursos en pro de la descentralización del país-una eterna deuda del Poder Central- es auspicioso que, además de los discursos, se haga algo concreto. Y presentar este proyecto lo es, pues espero que abra el debate acerca de las facultades de los gobiernos regionales, de las atribuciones cautivas que las autoridades de regiones tienen frente a omnipresente Ejecutivo. Que se debate la conveniencia o no de que los consejeros regionales sean electos popularmente, que el presidente de ese consejo sea una figura distinta del intendente, de descentralizar los presupuestos sectoriales, en fin. Se puede hacer, a raíz de esta iniciativa, el necesario debate acerca de la decentralización política que aún está pendiente. Eso al menos espero.